En las últimas horas, el Juez Federal con competencia electoral de La Plata,
Alejo Ramos Padilla, procesó a siete vecinos de la ciudad bonaerense de Maipú
por haber retenido los documentos de al menos 27 personas para evitar que
voten en las elecciones del año 2019.
El magistrado de La Plata con competencia electoral en toda la provincia de
Buenos Aires, procesó a siete personas “por retener indebidamente documentos
de ciudadanos e inducir a los electores, con engaños o amenazas, a abstenerse
de sufragar” en los comicios generales de octubre de 2019.
Ramos Padilla convocó a 36 personas a prestar declaración testimonial para la
corriente semana. Ya hubo otros 27 relatos que dieron cuenta de los hechos
denunciados. Y uno de los acusados, un ex policía que estuvo relacionado a la
municipalidad, reconoció haber retenido 350 documentos de identidad.
El juez precisó que todas las víctimas narraron una modalidad similar: semanas
o días antes de las elecciones, una persona les ofrecía “comprarles” su DNI a
cambio de dinero, materiales para la construcción, alimentos, acceso a programas
de gobierno, gestión de trámites, etc.
“También se verificó una modalidad específica en las personas que trabajaban en
la cooperativa municipal: distintos trabajadores, trabajadoras y sus grupos
familiares refirieron haber sido amenazados: en caso de no entregar sus
documentos de identidad, perderían su trabajo”, indicó el magistrado.
Con excepción de los trabajadores de la cooperativa municipal, el resto de los
denunciantes aceptó haber dado su consentimiento al entregar los documentos
a cambio de dinero y beneficios. Algunos de ellos incluso aceptaron haber
consentido que los “acompañaran” a votar.
Según indica el juez en un escrito “otros dieron cuenta de un mecanismo que
consistía en filmarse en el cuarto oscuro colocando la boleta de votación del
candidato oficialista local. Sin embargo, lo que impulsó a las distintas víctimas a
formalizar la denuncia fue el hecho de que los imputados no les devolvieran sus
documentos de identidad, lo que, en la gran mayoría de los casos, aparecía
mencionado como una ruptura de ese ‘pacto’ previo, aunque irregular e ilegal”.
Asimismo, el juez decidió apartar de la investigación a la Estación de Policía de
Seguridad Comunal Maipú por su rol en el caso y le dio intervención a la Policía
Federal Argentina, División Unidad Operativa Federal de Dolores. Ya que el
expolicía y procesado Franco Miluzzi aseguró en su declaración indagatoria “que
existía una complicidad entre las autoridades de la fuerza policial de la Estación
de Policía de Seguridad Comunal Maipú –dependiente del Ministerio de Seguridad
de la Provincia de Buenos Aires–, las autoridades del municipio de esa ciudad y
algunas de las personas imputadas”.
Al respecto, el Intendente local Matías Rappallini consideró que “la denuncia es
a todas luces falsa y mentirosa”.
(Fuente: Infozona)
