Por el paso del tiempo, la causa prescribió, pero un juez pide que se le aplique un «juicio por la verdad».
Una mujer acusó a un familiar por violaciones ocurridas en la ciudad de San Vicente entre 1990 y 1995. Si bien el delito prescribió por el paso del tiempo, un juez de Lomas de Zamora pidió que se realice un «juicio por la verdad», algo que se hizo contra los responsables de los delitos de lesa humanidad a los genocidas de la última dictadura hasta el año 2004.
Se trata de Patricia Aguirre, de 36 años, quien tras décadas de callarse, pudo exteriorizar su historia de abuso sexual cuando era menor de edad y recurrir a la Justicia para acusar a su tío Manuel Romero, plomero y gasista de 62 años, quien fue muy cercano la crianza de la denunciante.
Si bien la causa preescribió ya que se cumplió el plazo previsto para realizar la denuncia, es decir 12 años a partir de la mayoría de edad de la víctima, un juez pidió que se de curso al caso. Gabriel Vitale, titular del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, decidió que se de vía libre bajo el procedimiento de «juicio por la verdad», lo que implicaría la obligación del Estado de investigar para reparar aunque sea de manera simbólica el delito.
Esto establece que si bien no hay pena efectiva, según vitale, permite a la víctima esclarecer los hechos, obtener verdad y acceder a un proceso que permita dar a conocerla. Esta modalidad de juicio por la verdad fue la manera que halló la justicia argentina para resolver causas de juicio por lesa humanidad contra genocidad entre 1994 y 2004, cuando la Suprema Corte definió que estos hechos no tenían fecha de vencimiento jurídica.
«Me tocaba la vagina, el cuerpo, también me ponía su pene en mi boca y hacía que le toque sus genitales. Me metía en la habitación de él, que compartía con mi tía, o me llevaba a modo de paseo en su camioneta donde yo le practicaba a él sexo oral», relató Patricia a la fiscalía especializada en abuso sexual en el año 2019.
Los hechos que la mujer denuncia ocurrieron entre 1990 y 1995, primero en la casa familiar de Glew, Almirante Brown, donde vivía con su mamá Mónica y su abuela y en el mismo terreno, al fondo, habitaba el acusado, su esposa (hermana de Mónica) y sus hijos. Luego, cuando la víctima y su madre se mudaron a San Vicente, los episodios continuaron.
«Tengo recuerdos siempre de la habitación de la casa de Manuel y de la claridad que entraba en su ventana, como que los hechos ocurrían en hora de la siesta o en su camioneta en hora de la noche”, contó Aguirre, quien remarcó la importancia de este procedimiento: «Creo que es una lucha colectiva y son voces que tienen que tener la institucionalización de la Justicia. Prescribió la causa, pero es un fin colectivo. El Estado a través de la Justicia tiene que hacer historia».
La defensa del acusado apeló el fallo de Vitale. Ahora, la decisión de continuar hacia el juicio o de garantizar la impunidad del hombre queda bajo la órbita de los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Apelación Penal de Lomas de Zamora, Guillermo Rolón, Miguel Navascues y Miguel Alberdi, quienes deberían expedirse en el corto plazo.
